Hallan sin vida a siete lomitos en calles del centro de Charcas
Un estimado de siete lomitos en situación de calle fueron encontrados la mañana de este jueves con síntomas presuntamente de envenenamientos en Charcas, causando indignación entre la población.
Los canes fueron localizados sin vida en distintas calles, cuatro de ellos en el primer cuadro del centro del municipio, situación que ha puesto en alerta a la población, como a las asociaciones protectoras de animales, quienes han exigido la investigación de los hechos.
La denuncia se ha hecho a través de redes sociales donde los usuarios lamentan que este tipo de casos se registren en el municipio en vísperas de las celebraciones de las fiestas patronales, por lo que han solicitado a las autoriades correspondientes la investigación del caso.
CASTIGO AL MALTRATO ANIMAL
El presunto envenenamiento de animales podría constituir un delito. El artículo 317 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí tipifica el maltrato animal cuando, mediante acción u omisión y con ensañamiento o crueldad, se provocan lesiones o la muerte de animales domésticos o silvestres.
La legislación estatal establece sanciones que dependen de la gravedad de las lesiones. Cuando el maltrato causa daños físicos permanentes, la pena puede ir de 12 a 24 meses de prisión y una sanción económica de 200 a 400 días de UMA, que se traduce a una multa de entre 23 mil 462 pesos a 46 mil 924 pesos. Si la conducta provoca la muerte del animal, la sanción puede alcanzar de 24 meses a cinco años de prisión, además de una multa equivalente a entre 300 y 600 días de UMA, que corresponde a 35 mil 193 pesos y hasta los 70 mil 386 pesos.
Estos delitos se persiguen de oficio, por lo que una vez que la autoridad tenga conocimiento de hechos que pudieran constituir maltrato animal puede iniciar la investigación correspondiente. La investigación penal corresponde a la Fiscalía General del Estado, a través del Ministerio Público, mientras que las sanciones de prisión y las multas derivadas de un proceso penal son determinadas por la autoridad judicial.
Además, la Ley de Protección a los Animales del Estado contempla responsabilidades administrativas. Las denuncias por incumplimiento de esta legislación pueden presentarse ante las sindicaturas municipales y las sanciones administrativas son aplicadas por las secretarías de los ayuntamientos, de acuerdo con la propia ley.
Hasta ahora no se ha informado oficialmente cuántos perros habrían resultado afectados ni existe información pública sobre personas identificadas como responsables, o de si ya se tiene una denuncia correspondiente para la investigación del caso.